Licencia turística

Una licencia turística es un permiso oficial requerido por los propietarios de alojamientos turísticos para operar legalmente. Este certificado garantiza que la propiedad cumple con regulaciones locales y estándares de calidad.

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Todo lo que necesitas saber sobre licencia turística

Qué es una licencia turística

La denominada licencia turística es el término utilizado habitualmente para referirse al conjunto de autorizaciones, declaraciones responsables, inscripciones o títulos habilitantes que pueden exigirse para destinar un alojamiento a uso turístico.

No existe una única licencia turística igual para toda España. La regulación corresponde principalmente a las comunidades autónomas y, además, los ayuntamientos pueden establecer requisitos urbanísticos o limitaciones específicas.

Por ello, el procedimiento depende tanto del tipo de alojamiento —vivienda de uso turístico, apartamento turístico, hotel, casa rural, hostal, etc.— como del territorio donde se encuentre.

En algunos casos la actividad puede iniciarse mediante una declaración responsable o comunicación y posterior inscripción en el registro turístico correspondiente. En otros supuestos pueden ser necesarias autorizaciones adicionales, informes de compatibilidad urbanística u otros títulos habilitantes antes de iniciar la actividad.

Quiénes necesitan tramitar una autorización turística

Los requisitos dependen del tipo de alojamiento y de la normativa autonómica aplicable.

Entre los alojamientos sometidos habitualmente a regulación turística se encuentran:

  • Establecimientos hoteleros, como hoteles, hostales o pensiones.
  • Apartamentos turísticos, explotados conforme al régimen definido por la normativa autonómica.
  • Viviendas de uso turístico, destinadas temporalmente al alojamiento de viajeros en las condiciones previstas por la normativa de cada comunidad autónoma.
  • Otros alojamientos regulados específicamente, como casas rurales, campings o modalidades equivalentes.

Las condiciones para alquilar una vivienda completa o por habitaciones, la duración de las estancias y los requisitos de equipamiento o servicios varían según el territorio.

Comunidad de propietarios y viviendas turísticas

Desde el 3 de abril de 2025, el propietario de una vivienda sometida al régimen de propiedad horizontal que quiera iniciar la actividad turística prevista en el artículo 5.e de la Ley de Arrendamientos Urbanos debe obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios, en los términos previstos en la Ley de Propiedad Horizontal.

El acuerdo requiere, con carácter general, el voto favorable de tres quintas partes del total de propietarios que representen a su vez tres quintas partes de las cuotas de participación.

Este requisito no se aplica retroactivamente en los mismos términos a quienes ya ejercían legalmente la actividad antes de la entrada en vigor de la reforma y estaban acogidos previamente a la normativa turística sectorial.

Además, deben comprobarse siempre los estatutos de la comunidad, ya que pueden contener limitaciones o prohibiciones aplicables.

Normativa aplicable

La regulación turística corresponde principalmente a las comunidades autónomas, por lo que cada una establece sus propias categorías de alojamiento, procedimientos, requisitos, registros y régimen sancionador.

Los municipios también pueden imponer condiciones urbanísticas adicionales relativas, por ejemplo, a:

  • compatibilidad del uso turístico;
  • zonas donde se permite o limita la actividad;
  • densidad máxima de alojamientos turísticos;
  • requisitos de acceso o ubicación;
  • licencias o declaraciones urbanísticas específicas.

En el ámbito estatal también resultan relevantes otras normas.

La Ley de Arrendamientos Urbanos excluye de su régimen ordinario determinadas cesiones temporales de viviendas sometidas a la normativa sectorial turística.

Asimismo, desde 2025 la Ley de Propiedad Horizontal exige en determinados casos la aprobación de la comunidad de propietarios para iniciar una actividad turística en una vivienda.

Además, las personas o empresas que desarrollan actividades de hospedaje están sujetas, cuando corresponda, a las obligaciones de registro documental y comunicación de datos de viajeros establecidas por el Real Decreto 933/2021.

Precio

250€ - 1050€

Tiempo de realización

3 - 7 días

Profesional cualificado necesario

Arquitecto o arquitecto técnico

¿Puedo hacerlo yo?

No

Modos de tramitación

Presencial o telemático

Nivel de dificultad

Medio-Alto

Tendrás que desplazarte

No es necesario

Última fecha de revisión:
13 Junio 2024
Tramite redactado por:
Sebastián Hollmann
Licenciado en Comunicación responsable de gestión de contenidos
Paseo Independiencia 24-26. Zaragoza
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