La normativa vigente en cuanto a legalizar una piscina, ya te interese una piscina comunitaria o una piscina privada, tiene dos patas fundamentales.

La primera de ellas es la normativa estatal, que actuará como marco de las emanadas de otras administraciones, y que es la que primero deberemos tener en cuenta a la hora de abordar esta problemática.

Entre esta normativa estatal podemos citar el Código Técnico de la Edificación, aprobado en el año 2006; el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios, del año 2007, y que desarrolla fragmentos de la Ley Hipotecaria; el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, del año 2002; y el Reglamento de Prevención y Control de la legionelosis, del año 2003, y que debemos consultar si hablamos de instalaciones climatizadas.

Asimismo hay que señalar que buena parte de la legislación y normativa relacionada con regularización de construcciones está emanada de las Comunidades Autónomas y las corporaciones municipales, por lo que habrá que atender, en su caso, a estas fuentes del Derecho igualmente.

Por lo general Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se limitan a desarrollar y concretar la normativa marco estatal, pero su grado de detalle suele ser muy grande, por lo que manejarlas con eficiencia es de vital importancia. Nos remitimos, aquí, al consejo que siempre te damos sobre usar una gestoría para realizar este tipo de trámites, lo que redundará en tu tranquilidad al saber que el procedimiento, plazos y formatos de entrega están siendo cumplidos a la perfección.

Prescripción

El de los plazos de prescripción es uno de los puntos más polémicos siempre en el mundo del Derecho. En este caso, básicamente, hablamos de a partir de qué años desde que fue ejecutada la obra esta pasa a ser legal o, para ser más exactos, no podrá ser denunciada su regularización y legalización por ninguna administración. En otras palabras, la obra no será legal pero tampoco se te podrá imponer sanción alguna sobre ella.

Vemos la importancia del concepto, pero lamentamos decirte que la respuesta no puede ser unívoca. Es decir, cada Comunidad Autónoma ha establecido un plazo propio de prescripción,  que suele bascular entre los cinco y los diez años desde que se produjo la completa finalización de la obra a regularizar, en este caso desde que se concluyó la piscina.

Evidentemente conocer con certeza cuál sería este plazo de prescripción es de gran interés para todos aquellos interesados en legalizar una piscina, por lo que habrá que acudir a la normativa autonómica propia para manejar el dato con soltura.

Eso sí, cabe decir que existen actuaciones consideradas como especialmente gravosas (por atentar contra lugares de protección especial, por resultar excesivamente ajenas a la normativa vigente) que no contemplan prescripción alguna, por lo que, aunque sí podría prescribir la posibilidad de sancionar (no se podría imponer una multa) jamás lo haría la posibilidad de solicitar el restablecimiento del estatus quo legal. O, en otras palabras, en estos casos concretos no podrían multarte, pero sí hacerte demoler la obra.