¿Qué es la impugnación acuerdos comunidad de propietarios?

La junta de propietarios es un órgano colegiado y ejecutivo de la finca donde tenemos el domicilio (habitual o no), que se reúne un mínimo de una vez al año y que está constituida por su presidente, vicepresidente (si es el caso), secretario y tesorero, más los vocales.

Generalmente, la junta la convoca el presidente por medio del administrador, quien puede hacer las veces de abogado si la junta (o uno de sus miembros) debe acudir a los tribunales por una denuncia o una impugnación de la junta de propietarios. Este caso puede darse cuando se desea invalidar los resultados de una votación.

La junta de propietarios sigue un orden del día de la reunión para tratar varios temas que afectan a la finca y convivencia vecinal. De estos puntos a tratar en el orden del día se adoptan acuerdos por votación.

Estos acuerdos serán redactados por el administrador, que levantará acta de la reunión con todos los puntos tratados y los acuerdos adoptados. Con ello se emitirá un documento escrito con el acta de la convocatoria a cada uno de los vecinos días después de la reunión.

¿Qué significa impugnar un acuerdo de la junta de propietarios?

Es posible que uno de estos acuerdos afecte a uno o a más vecinos, o que simplemente uno de ellos no esté de acuerdo con lo adoptado por la comunidad. En ese caso, el vecino tiene la facultad de solicitar la impugnación de un acuerdo. Impugnar significa solicitar que un juez invalide lo que se ha aprobado por la junta de vecinos.

Dicho de otro modo: interponer una demanda ante el juzgado que corresponda, a fin de que el juez competente declare que el acuerdo adoptado por la junta de propietarios no procede. Se hará vía sentencia judicial (razona y fundamentada jurídicamente), y de ser así, no se podrá llevar a cabo el acuerdo referido.

Un ejemplo práctico

Pongamos un ejemplo que nos ayude a comprender: somos vocales de una junta de propietarios de una finca y en el orden del día está la propuesta de un vecino del sexto piso para la instalación de un ascensor. Este vecino aporta documentación del ayuntamiento sobre un programa de subvenciones en el que el consistorio contribuiría con hasta un 40 % de los costes de la instalación.

Pensamos que es una buena idea para los vecinos de arriba, pero nosotros vivimos en los bajos y las reformas no nos reportan ninguna ventaja. De esta manera, verbalizamos nuestra posición favorable a acogerse a esta subvención, siempre que no nos incluyan en el presupuesto a pagar.

En cambio, el vecino que presenta el proyecto y otros tantos de viviendas de pisos superiores al tercero se muestran favorables al proyecto. Aducen, entonces, que como somos parte de la comunidad y esto es un “beneficio general”, también tenemos que aportar nuestro dinero para financiar el proyecto.

La moción se somete a votación y, excepto el vecino del entresuelo y nosotros, todos votan que sí. Por lo tanto, queda aprobado por mayoría y así lo hará constar el administrador en el informe de levantamiento del acta de la junta.