Normativa y requisitos del estudio hidrológico

Plan Hidrológico Nacional

Existen algunas leyes que regulan la exigencia por parte de la administración pública de los estudios hidrológicos. En primer lugar, debemos nombrar el Plan Hidrológico Nacional que se regula mediante la ley 10/2001 del 5 de julio.

Dicha ley se sustenta en el art. 45.2 de nuestra Constitución, el mismo que establece que los poderes públicos deben velar por el uso racional de todos nuestros recursos, entre los que se incluye el agua. Por tanto, el plan hidrológico nacional, además de ser un instrumento de racionalización y garantía para todos los ciudadanos de la disponibilidad del agua, es también una forma de alcanzar en buen estado de nuestras aguas.

Dentro de la ley es importante destacar que atribuye un importante papel a las comunidades autónomas y algunas corporaciones locales que son bastante importantes para la gestión del plan. En la elaboración del plan hidrológico nacional, que se aprueba mediante esta ley, participan no sólo las administraciones públicas, si no toda la sociedad civil ya que este plan se basa en los planes hidrológicos de cuenca que se discutieron previamente a la publicación de esta ley.

Los planes hidrológicos de cuenca vigentes, tal y como establece el Real Decreto 907/2007, requieren de un informe preceptivo del Consejo Nacional del agua y la conformidad de todas las autoridades competentes. Los planes hidrológicos de cuenca incluyen estudios ambientales estratégicos, declaraciones ambientales estratégicas, registro de las zonas protegidas, objetivos medioambientales, una extensa designación de masas de aguas artificiales y modificadas, el inventario de los recursos hídricos de la cuenca, etc.

También se relaciona con el estudio hidrológico el reglamento de la administración pública del agua y de la planificación hidrológica. Este Real Decreto 927/1988 del 29 de julio, define qué es una cuenca hidrográfica: la unidad de gestión del recurso indivisible del agua. Detalla la composición y estructura orgánica del Consejo Nacional del Agua, encargado de aprobar todos los planes hidrológicos nacionales, explica la configuración, funciones órganos de gobierno y administración de los organismos de cuenca y en definitiva, establece todo el marco de funcionamiento a nivel estructural para la gestión de las aguas públicas.

También podemos hablar del Real Decreto 849/1986 del 11 de abril por el que se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico. Según la última actualización, es objeto de este reglamento el desarrollo de los títulos preliminares del texto refundido de la ley de aguas. Éste real decreto regula de manera general las aguas continentales superficiales y la subterráneas renovables; es decir todas las que se integran en el ciclo hidrológico y que constituyen una unidad de dominio público. La ley explica cuáles son los bienes que integran el dominio público hidráulico y cuáles son los usos comunes y especiales de las aguas.