¿Qué es la hoja de aprecio?

La potestad expropiatoria es una de las que con más frecuencia se manifiestan en la Administración. O, al menos, una de las más llamativas para el ciudadano. La posibilidad que tiene el poder público de apropiarse de un determinado bien inmueble con fines orientados al bien común es una potestad que nace al mismo tiempo que la Administración, en el siglo XIX y que aún hoy presenta matices y polémicas muy variadas. Y es que, pese a que todo el proceso expropiatorio tiene una sujeción legal definida, no son pocas las ocasiones en las que el ciudadano se considera perjudicado por esa acción. Más aun, entiende que aunque legal y acorde a derecho, la misma puede no manifestarse de forma adecuada. Hablamos no tanto aquí de la “injusticia” que se tiene cuando una determinada finca resulta expropiada (y contra la que poco cabe alegar) como y de forma especial, a la sensación de no haber recibido un precio adecuado por esos terrenos. Y es que el justiprecio pese a su nombre no tiene por qué ser “justo” y es habitual que el expropiado manifieste su disconformidad con esta oferta, llegando al punto de no aceptarla. Y es aquí donde surge la figura de la hoja de aprecio.

Y es que la hoja de aprecio será el documento que presenten los futuros expropiados para establecer cuál sería y por qué razones el precio que considerarían adecuado de cara a su indemnización por la finca o las fincas expropiadas. Evidentemente la aparición de esta hoja de aprecio tiene como consecuencia el rechazo de la primera oferta realizada por la Administración que va a expropiar. Esta hoja de aprecio vendrá argumentada y firmada por un profesional acreditado y la propia Administración podrá presentar también su hoja de aprecio. Asimismo en la hoja de aprecio se incluirán cuantas alegaciones se consideren necesarias de cara a la fijación de todas las características en esa expropiación.

¿Qué criterios se siguen?

Uno de los factores más interesantes de esta hoja de aprecio es la determinación de los criterios que deberá seguir el perito para la fijación del justiprecio presentado en la hoja de aprecio. Y lo es porque la legislación no establece un listado cerrado, sino que se recogen “los criterios estimativos que se juzguen más adecuados” en la propia Ley de Expropiación Forzosa. Esto propicia la aparición de criterios no solamente topográficos o de tasación del terreno, sino otros anexos que están autorizados (no prohibidos) por la Ley y que tendrán que ser, en su caso, ponderados por el Juzgado Provincial de Expropiación Forzosa. Eso sí, todos ellos tienen que estar suficientemente motivados.

En el caso de que ninguna de las partes cediera en sus pretensiones el caso se resolvería ante el Jurado de Expropiación Provincial, un organismo administrativo que debería ponderar ambas hojas de aprecio y dictaminar lo que considerase una indemnización justa. En caso de no estar de acuerdo con ella, al interesado siempre le cabe un recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.