Qué es la Plusvalía municipal y cómo reclamar

Qué es la Plusvalía municipal y cómo reclamar

Quienes, en tiempos de crisis, hayan tenido que vender su inmueble o hayan recibido uno por herencia sabrán con certeza qué es el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía. Este tributo, uno de los más temidos, grava la transmisión de propiedades urbanas como pisos, locales, trasteros o plazas de garaje, tanto en ventas, como en donaciones o herencias.Declaración de la renta 2020

Quién debe pagar la plusvalía municipal

Según la normativa que regula la plusvalía, que es el Real Decreto 2/2014 que aprobó la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este impuesto se cobra tras la transmisión de la propiedad de bienes ubicados en terrenos urbanos o cuando lo que se transmite es cualquier título que genere un derecho real sobre esos terrenos. La transmisión afecta a ventas, donaciones y herencias.

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En el caso de la compraventa, quien está obligado al pago de la plusvalía es el vendedor, salvo si quien vende es una persona que no reside en España, situación en la que el sujeto pasivo del impuesto será el comprador.

La plusvalía municipal de una herencia será reclamada, en este caso, al nuevo propietario, o sea, a quien hereda; lo mismo que ocurre en donaciones. Un caso particular y que fue objeto de debate desde el derecho bancario era el de los propietarios que tuvieron que aceptar la dación en pago o que fueron desahuciados y que, tras perder sus propiedades, quedaban obligados a pagar la plusvalía.

Con la aprobación del Decreto Ley 8/2014, estas personas quedaron exentas del pago impuesto siempre que la ejecución hipotecaria o dación en pago afectase a su vivienda habitual. Así, si se ejecuta sobre un establecimiento comercial, por ejemplo, el propietario desahuciado tendrá que pagar la plusvalía.

Cálculo de la plusvalía municipal

Son los ayuntamientos los que perciben este impuesto cuando se produce la venta o se recibe la herencia. De hecho, la plusvalía ha supuesto una vía de entrada de recursos vital para las corporaciones locales que, en 2015, recaudaron por este tributo más de dos millones y medio de euros.

¿Por qué se reclama plusvalía cuándo hay pérdidas patrimoniales?

La forma en la que se calcula la plusvalía genera gran controversia porque, aunque la Ley establece que grava el incremento de valor de los terrenos, lo cierto es que se ha cobrado incluso cuando se ha vendido a pérdidas, algo habitual tras la caída de los precios del mercado inmobiliario.

Por el método de cálculo del impuesto, para el que la ganancia obtenida se calcula en función del valor del suelo en el catastro y de los años durante los que se ha sido propietario del bien.

Sin más criterios que esos, como el precio de compra y el de venta, cada ayuntamiento aplica sobre el valor catastral un porcentaje de incremento que varía, además de por localidades, por número de años de tenencia. La cantidad resultante determinará la base imponible, sobre la que se aplicará un tipo máximo del 30%.

Se pueden consultar los porcentajes de incremento y los tipos impositivos en este enlace. Además, ayuntamientos como el de Madrid ofrecen un servicio de calculadora online que permite saber al instante la cantidad a satisfacer por plusvalía municipal en Madrid.

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La Justicia declara la plusvalía inconstitucional

No se pueden gravar actos en los que el beneficio obtenido sea “no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticio”. En estos términos se pronunció el Tribunal Constitucional (TC) en una sentencia de febrero de 2017 en la que declaró inconstitucional la plusvalía.

El fallo, unánime, no solo censura que se cobre este impuesto cuando los contribuyentes no hayan obtenido beneficio alguno de la transmisión, sino que lo considera contrario al principio de capacidad económica recogido en el artículo 31.1 de la Constitución Española.

Respecto al cobro del impuesto que, supuestamente, grava la revalorización de los terrenos, si bien el método mediante el que se calcula fuerza a su pago incluso cuando el valor de venta es inferior al de compra, el TC sostiene que “en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos (…) que no sean exponentes de una riqueza real o potencial”, como ha venido ocurriendo.

La decisión del Constitucional, que afecta a la Norma Foral 16/1989 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Guipúzcoa, puesto que fue un juzgado de San Sebastián el que planteó la inconstitucionalidad de la plusvalía, afecta de lleno a esta normativa que, según la sentencia, deberá ser modificada para “arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”.

Pese a no afectar a la totalidad del estado y, en concreto, al Real Decreto 2/2004, el cobro de la plusvalía tal y como hoy se conoce está llamado a llegar a su fin también en el ámbito nacional, puesto que la decisión del TC fija la doctrina a seguir para otros recursos en trámite. De hecho, la propia Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha pedido al Gobierno modificaciones en el cálculo del tributo para que se tome en consideración la evolución del mercado inmobiliario.

Reclamación plusvalía municipal

La plusvalía está por tanto en una situación de impase a la espera de que se reformule la normativa en sintonía con el dictamen del Constitucional. Entretanto, quienes quieran reclamar la plusvalía municipal por considerarla abusiva pueden hacerlo, pero es importante que sepan que, antes de eso, tendrán que liquidar el impuesto.

Una vez abonado, el siguiente paso será presentar un escrito de rectificación ante el Ayuntamiento de la localidad en la que se ubique la vivienda o local que haya sido objeto de una transmisión, para reclamar la devolución de la cantidad cobrada.

Si la administración local rechaza la solicitud habría que interponer un recurso de reposición y, en paralelo, presentar una reclamación ante el tribunal económico administrativo, en aquellos territorios en los que están implantados.

Con estas acciones se daría por finalizada la vía administrativa y se daría paso a la judicial, con la opción de presentar un recurso contencioso-administrativo. Para ello, será recomendable encargar una tasación de la propiedad, mientras que habrá que acudir necesariamente a los servicios de un procurador y un abogado.

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