Reclamación de deudas comunidad de propietarios en Pontevedra

En España, el proceso de reclamación de deudas de una comunidad de propietarios se rige por la Ley de Propiedad Horizontal. Si te encuentras en Pontevedra y necesitas reclamar una deuda a un propietario moroso dentro de tu comunidad de vecinos, deberás seguir una serie de pasos considerando tanto la normativa aplicable como los procedimientos locales.

Primero, es esencial que la comunidad de propietarios, representada generalmente por el presidente o el administrador de fincas, intente solucionar la situación de forma amistosa. Esto puede incluir un recordatorio verbal o escrito al deudor, e incluso un plan de pagos si la situación lo permite.

En caso de no obtener respuesta o solventar la deuda por esta vía, se deberá convocar una Junta de propietarios donde se acuerde iniciar acciones legales contra el propietario moroso. Es importante que este acuerdo quede reflejado en las actas de la comunidad, ya que dicho documento es fundamental para el proceso judicial que se podría iniciar a continuación.

Seguidamente, será necesario encargar a un abogado o administrador de fincas colegiado la emisión de una certificación de deuda, firmando este documento junto con el presidente de la comunidad, donde se acredite la cantidad adeudada y que el acuerdo de reclamación ha sido inscrito en el Libro de Actas de la Comunidad.

Con la documentación debidamente preparada, se inicia el proceso monitorio presentando la petición ante el juzgado de Primera Instancia que corresponda en Pontevedra. Se debe incluir la certificación de deuda, el acta con el acuerdo de la Junta, y cualquier otro documento que justifique la deuda. El juez, tras verificar la documentación, requerirá al deudor para que pague o presente alegaciones en un plazo de veinte días hábiles.

Si no hay respuesta o esta no es satisfactoria, el juez emitirá un decreto dando por terminada la fase y estableciendo la ejecución de la deuda. Si el deudor se opusiera y presentara alegaciones, el proceso se convertiría en un juicio verbal.

Es importante destacar que para evitar llegar a la vía judicial, muchas comunidades adoptan medidas preventivas como el establecimiento de un fondo de reserva o la contratación de un seguro de protección jurídica que pueda cubrir los gastos legales en caso de impago de los propietarios.