Hasta ahora, siempre que me he encontrado el caso, los Ayuntamientos han actuado de la misma manera: han permitido a mis clientes operar, habiendo solicitado oportunamente la licencia de actividad mediante un Proyecto de Actividades. Hablo de Industrial, no calificada, ni ruidosa, ni peligrosa, ni contaminante... No es un Ayuntamiento que tramite por Declaración Responsable. El caso es que la Técnico de guardia, ahora por el corona-virus, dice que hagamos la tramitación telemática, pero que hasta que se conceda la licencia no se podrá empezar a operar. ¿Sabéis algún tipo de apoyatura jurídica para justificar lo contrario? Porque la praxis que me he encontrado siempre ha sido la contraria, pero no sé en qué basarme